Sinaloa se convirtió en el estado con más drones inhabilitados y asegurados durante 2025 y hasta septiembre de 2026, en medio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos. En el periodo señalado fueron decomisados 66 artefactos en la entidad, seguida por Tamaulipas, con 34, y Michoacán, con 28.
A nivel nacional, los aseguramientos alcanzaron 139 drones durante 2025 y 69 hasta septiembre de 2026, cifras que muestran la expansión del uso de vehículos aéreos no tripulados en actividades de la delincuencia organizada.
Vigilancia y ataques con explosivos
Los grupos criminales emplean drones comerciales para vigilar los movimientos de autoridades y organizaciones rivales, además de utilizarlos en tareas de reconocimiento territorial. Algunos equipos son modificados para transportar y lanzar explosivos improvisados.
En octubre de 2025, elementos del Ejército aseguraron en Badiraguato, Sinaloa, siete drones junto con 10 cargadores y 250 cartuchos útiles. El municipio forma parte de una zona marcada por la confrontación entre grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa.
Sinaloa, Michoacán y Guerrero concentran distintos episodios relacionados con el uso de vehículos aéreos no tripulados, principalmente por disputas territoriales. En Michoacán, durante enero de 2025, fueron asegurados 60 artefactos explosivos que presuntamente estaban destinados a ser lanzados desde drones en Apatzingán.
Equipos comerciales adaptados
La mayoría de los drones asegurados son modelos comerciales adaptados para actividades ilícitas. También existen equipos agrícolas e industriales con mayor capacidad de carga, motores más potentes, navegación precisa y sensores especializados, lo que incrementa su potencial para transportar objetos o sustancias prohibidas.
En comunidades de Tierra Caliente, Michoacán, habitantes han reportado enfrentamientos entre células criminales mediante artefactos no tripulados. Los pobladores también han descrito el hallazgo de drones junto con armas, municiones, chalecos tácticos, cascos y otros materiales utilizados por los grupos armados.
El aumento de decomisos puede reflejar una mayor adopción de esta tecnología por parte de las organizaciones criminales, aunque también depende de la intensidad de los operativos y de la capacidad de las autoridades para detectar e inhibir los aparatos.
La expansión de los drones plantea retos de vigilancia, regulación y control de la venta y modificación de estos equipos. El desafío no sólo consiste en establecer restricciones, sino en garantizar que se cumplan y evitar que la tecnología comercial continúe siendo utilizada para vigilar, intimidar o atacar en zonas de conflicto.